El Congreso sancionó la nueva Ley de Educación Superior en base a la
versión consensuada por las organizaciones educativas y apoyada por el
Senado. La nueva normativa apunta a una formación de calidad,
combatiendo la de “garaje”. Tendrá algunas objeciones, pero es la que se
ajusta más a lo ideal para recuperar la credibilidad en el sector,
según los que apoyan esta ley.
Esta nueva ley pone fin a siete años de vigencia de otra que llevó al
caos y la degeneración de la educación superior en el país: la Ley
2529, del año 2006.
Una vez que se proceda a la promulgación ya no
se podrán crear universidades ni institutos superiores en forma
unilateral, como lo hacían los parlamentarios, sin criterio de medición
de calidad en infraestructura, programas y requisitos de investigación y
prácticas.
La ley aprobada el miércoles último por Diputados trae
tranquilidad, y su cumplimiento garantiza un control riguroso en cuanto
a carreras, filiales y creación de nuevas instituciones, según los
sectores que se involucraron en su redacción.
La ley contempla la
creación de un Consejo Nacional de Educación Superior, que será el
máximo órgano de control del sector, cuyo dictamen será vinculante para
la creación de universidades, institutos, carreras y filiales.
También
tendrá autoridad suficiente para controlar programas de posgrado y para
el otorgamiento de títulos conforme con las exigencias académicas.
El
Consejo estará integrado por representantes de diferentes instituciones
vinculadas con la educación, incluyendo el Ministerio de Educación y
Cultura.
El Consejo, por decisión mayoritaria de sus miembros
directivos, podrá clausurar universidades, institutos superiores,
filiales y carreras si no cumplen con los estándares de calidad, medidos
por expertos de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (Aneaes).
Con esto, se busca poner fin a siete
años de “autonomía mal entendida” al quedar sin control de calidad las
instituciones que brindan formación superior sin cumplir con los
requisitos.
La nueva ley crea un Consejo de Rectores de
universidades públicas y privadas y otro de directores de institutos
superiores, para que cada sector pueda trabajar aunado para el
cumplimiento de las exigencias de los estándares de calidad
.
Lo que quedó fuera
Algunos
diputados, con apoyo externo y en reuniones secretas, intentaron
cambiar este sentido de calidad por una versión no consensuada. Se
atribuye a Víctor Ríos el impulso de esta criticable aventura por lograr
una ley que buscaba volver a incluir a parlamentarios en el Consejo
Nacional de Educación Superior, además de integrar dicho órgano a medida
de la corruptela, eliminando ciertas figuras representativas.
Esta
tentativa no funcionó, ya que solo se alcanzaron 40 votos de los 41
necesarios para que Diputados aprobase el proyecto “Ríos”. Con este
resultado no hubo otra salida más que aprobar la versión tal cual llegó
de Senadores, para beneplácito de los académicos, estudiantes, docentes y
técnicos que trabajaron en ese documento.
También se descartó la
idea de otorgar a los institutos superiores la misma autonomía que por
Constitución tienen las universidades.
Ahora se espera que el
gobierno de Federico Franco promulgue esta ley, que elimina siete años
de sufrimiento y manoseo de la educación superior del país.
Se
espera que con la reglamentación correspondiente se pondrá en marcha un
nuevo esquema de funcionamiento de la educación superior.
abc color
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