Antes de la promulgación por el Poder Ejecutivo de una ley sobre el Fonacide recientemente sancionada por el Congreso, el Consejo de Gobernadores, irresponsable y extemporáneamente, ahora anuncia que pedirá la modificación de un artículo para que también se destine una parte de los recursos del Fonacide a “cuestiones operativas”, como la compra de elementos que no sean necesariamente educativos. Es decir, pretenden desviar una parte de los fondos previstos para la construcción, la remodelación, el mantenimiento y el equipamiento de las escuelas, así como para el “complemento nutricional” de los alumnos. También quieren despojar a la Contraloría General de su obligación de denunciar ante el Ministerio Público los hechos punibles contra el patrimonio estatal, en lo relativo al uso de estos fondos. El Consejo de Gobernadores les prestará un flaco favor a la necesaria descentralización y a la transparencia gubernativa si incurre en el desatino de llegar hasta el Primer Mandatario con unas propuestas que insultan a la inteligencia y solo se entiende como un intento de querer favorecer el derroche y el robo del dinero del Fonacide en perjuicio de la educación pública.
Irresponsable y extemporáneamente, el Consejo de Gobernadores, a través de su presidente, Luis Gneiting (ANR), anunció que pedirá al Poder Ejecutivo que se modifique el art. 4° de la Ley que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Esa norma dispone que al menos el 50% de los ingresos percibidos por los gobiernos departamentales y municipales se destine al financiamiento de obras de infraestructura educativa y el 30% al almuerzo escolar. Rige desde el 21 de setiembre de 2012, día en que fue promulgada la ley, y no fue cuestionada por los gobernadores ni siquiera cuando el 9 de abril del año pasado varios senadores presentaron el proyecto de ley ahora sancionado por el Congreso que modifica algunos artículos de la Ley del Fonacide, pero que no altera el citado artículo 4°. Ahora, antes de su promulgación por el Poder Ejecutivo, a los gobernadores se les ocurre que los porcentajes allí establecidos, que son los de siempre, deben ser modificados para que también se destine una parte de los recursos del Fonacide a “cuestiones operativas”, como la compra de elementos que no sean necesariamente educativos. Es decir, pretenden desviar una parte de los fondos previstos para la construcción, la remodelación, el mantenimiento y el equipamiento de centros educativos, así como para el “complemento nutricional” de los alumnos. Querrán emplearlos, seguramente, no solo para adquirir cualquier cosa que les venga en gana o saldar deudas, sino puede pensarse también que para contratar a planilleros “operativos” o hasta para abonar sueldos y aguinaldos, tal como lo han venido haciendo muchos intendentes.
Los recursos del Fonacide no deben invertirse en cuestiones ajenas a los fines hoy previstos en la ley. Sería miserable que se resten fondos a la educación y a la alimentación de los niños y de los jóvenes para cubrir los gastos corrientes y de capital de los gobiernos departamentales y municipales. Los primeros deben financiarlos con las transferencias regulares del Ministerio de Hacienda, y los segundos con los tributos que ellos mismos recauden. Es de esperar que el Poder Ejecutivo rechace de plano el desatinado pedido para que no se desvirtúe el sentido de la ley –que es uno de sus méritos– y no se aparte ni un centavo de los proyectos contemplados en ella.
El titular del Consejo de Gobernadores también anunció que la entidad que preside objetará la parte de la ley sancionada que obliga a la Contraloría General de la República a denunciar ante el Ministerio Público los hechos punibles contra el patrimonio estatal, en el caso de que surjan indicios de ellos en los informes semestrales de quienes administran los recursos del Fonacide. El citado gobernador alega que esa obligación implicará el riesgo de que se hagan denuncias sin que haya “pruebas categóricas”, lo que podría ser aprovechado por los adversarios políticos de los intendentes o gobernadores para ponerles trabas. Se trata de un disparate mayúsculo, que revela la descarada intención de los administradores de escapar al control de los órganos estatales, hoy más que nunca necesario a la luz del escandaloso manejo que se ha venido haciendo del dinero público.
En verdad, la disposición cuestionada es redundante, pues entre los deberes y atribuciones de la Contraloría, previstos en el art. 9°, inc. g, de su Ley Orgánica y Funcional, figura “la denuncia a la Justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo de todo delito del cual tenga conocimiento en razón de sus funciones específicas...”.
El titular del Consejo de Gobernadores debería saber también que el art. 286, inc. 1, del Código Procesal Penal exige a los funcionarios que denuncien los hechos punibles de acción pública que conozcan en el ejercicio de sus funciones. La determinación de si existen o no “pruebas categóricas” no compete a la Contraloría, sino a los agentes fiscales que decidirán en su momento si hay motivos para imputar o acusar a los denunciados y, en última instancia, a los magistrados, que habrán de condenarlos o absolverlos. La Contraloría está obligada a presentar la denuncia ante el Ministerio Público, en tanto que las personas tienen la facultad de hacerlo directamente ante este mismo órgano o ante la Policía Nacional, según el art. 284 del mismo Código. Si fuera coherente, el Consejo de Gobernadores también debería propugnar que se prive a los particulares del derecho que hoy tienen de revelar a los órganos competentes las fechorías cometidas en el empleo de los recursos del Fonacide, pues entre ellos podría haber quienes tengan enemistad política con sus presuntos autores.
En otras palabras, si los gobernadores quieren impedir que la Contraloría y los funcionarios denuncien los hechos punibles de acción penal pública que ellos y los intendentes cometan en la gestión del dinero público, así como negar a las personas la potestad de hacerlo, deben proponer al Poder Ejecutivo que no solo vete el art. 8° recién aprobado por el Congreso, sino que a la vez promueva la derogación de un artículo de la ley que rige al órgano de control de las actuaciones económicas y financieras de los entes públicos y de dos artículos del Código Procesal Penal.
Nuestro diario ha venido defendiendo que los gobernadores e intendentes continúen administrando los recursos del Fonacide, pese a las groseras malversaciones detectadas una y otra vez. Pero al mismo tiempo sostiene la necesidad de que esas autoridades sean mejor controladas que hasta ahora, tanto por las autoridades competentes como, y sobre todo, por los pobladores de cada uno de los 250 municipios y 17 departamentos.
En suma, el Consejo de Gobernadores les prestará un flaco favor a la necesaria descentralización y a la transparencia gubernativa si incurre en el desatino de llegar hasta el Primer Mandatario con unas propuestas que insultan a la inteligencia y solo se entienden como un intento de querer favorecer el derroche y el robo del dinero del Fonacide en perjuicio de la educación pública.
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