Un eventual aumento salarial como lo recomienda la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso va a volver más rígido el gasto público en el próximo año, señaló ayer Ramón Ramírez viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Los parlamentarios apuntan a aprobar un 7% de incremento para los funcionarios públicos que ganan el mínimo.
El viceministro Ramón Ramírez señaló que desde el Poder Ejecutivo se tienen dos pilares centrales en el proyecto de presupuesto: uno, que se mantengan los niveles salariales establecidos, y dos, que se respeten los topes de gastos e ingresos planteados. Y ese contexto, explicó que al aumentar los salarios el gasto se vuelve más rígido y que esto se da porque son de cumplimiento obligatorio y no como otros cuya ejecución puede ser postergada a la espera de una mejor recaudación.
Al mismo tiempo, esto implica que se destinarán recursos genuinos para cubrir este gasto extra y estarían obligados a efectuar recortes en los gastos sociales.
Esto surge a partir de que la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso ha decidido recomendar la aprobación para el próximo año de un incremento de 7% para los que ganan el sueldo mínimo, lo que beneficiará a más de 121.000 personas, entre funcionarios administrativos, docentes, policías y militares. La referida comisión propone que el pago se haga desde julio, lo que representará un costo de G. 160.000 millones (US$ 28,1 millones). Sin embargo, en el caso de que se decida hacerlo desde enero, el monto subirá G. 320.000 millones (US$ 56,2 millones).
El viceministro Ramírez indicó que a pesar de que se volverá más rígido el gasto, el monto a ser abonado desde julio es aún manejable, teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento económico que se tiene, pero que de ampliarse a todo el año el nivel de preocupación se elevaría, porque ya debe empezar a pagarse desde enero próximo.
Adelantó que de aprobarse el pago desde enero, para enfrentar la situación se tendrá que recurrir a un plan financiero más duro e, incluso, estarían obligados a tocar partidas presupuestarias más sensibles, como son los fondos destinados a los gastos sociales.
Respecto a financiar el aumento con los fondos de interés previstos para pagar obras bajo la modalidad “llave en mano”, indicó que, de confirmarse, se tendrá que analizar una ampliación presupuestaria o una reprogramación en caso de que las adjudicaciones avancen en el marco de la Ley N° 5074.
Ramírez no cree, sin embargo, que al ser reasignado esos créditos presupuestarios destinados al pago de obras, los inversionistas pierdan interés en los proyectos “llave en mano”.
Lo dicho por el viceministro se contrapone de alguna manera con lo expresado (sin dar detalles) por el ministro Santiago Peña, la noche del martes, en la conferencia de la organización Desarrollo en Democracia (Dende), en el sentido de que el eventual aumento salarial del 7% para los que ganan el mínimo sería compensado en otros niveles salariales del funcionariado público, dando a entender que no representa preocupación.
Los gastos rígidos incluyen salarios, jubilaciones, pensiones y pago de la deuda. Según Hacienda, los gastos rígidos absorbían, por lo menos hasta el 2015, el 97% de las recaudaciones impositivas. Para el 2017, esa relación sería del 92%.
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