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Educadores del sector privado que ya cumplieron más de 40 años de docencia no pueden jubilarse, ni renunciar ya que necesitan mantener su seguro médico, que se extingue si dejan la docencia. Están condenados a trabajar hasta morir porque las autoridades del Instituto de Previsión Social no cumplen con la Ley 4370/11.
El colegio San José cuenta con 20 educadores en edad para jubilarse y con 31 a 45 años de servicio ininterrupidos. Todos ya superaron los 60 años y no se pueden acogerse a la jubilación porque el Instituto de Previsión Social no acata la Ley 4370/11, que establece el seguro social obligatorio de salud y de jubilaciones para docentes dependientes de instituciones educativas privadas.
Esta ley en teoría llegó para reparar los años injusticia y de exclusión del que fueron víctimas los docentes del sector, desde que en 1967 se modificó la Ley 375/56, de la carta orgánica del Instituto de Previsión Social, y se les negó el derecho a jubilarse a los maestros.
Víctimas de la dictadura
“Los docentes del sector privado podemos ser considerados víctimas de la dictadura, ya que el principal motivo de no permitirnos aportar para nuestra jubilación tuvo un trasfondo político. En esa época éramos vistos con malos ojos, ya que los maestros de colegios privados no necesitábamos afiliarnos al Partido Colorado para trabajar, teníamos más libertad. Pero, por tal libertad nos debían castigar, y así lo hicieron”, señaló Amelia Invernizzi, del colegio San José. Nidia de Estigarribia, docente del colegio Cristo Rey y con 40 años de trabajo, indicó que desde hace más de 20 años están luchando por tener el derecho a jubilarse.
“En 1982 nos reunimos todos los docentes del sector y le pagamos al doctor Miguel Ángel Pangrazio, experto en Derecho Laboral, para proyectar una ley para poder acogernos a la jubilación. Llegamos hasta Diputados con el proyecto de ley y allí se cajoneó nuestro justo reclamo, que año a año reflotamos”, indicó.
Desamparo y muerte
En el colegio San José, la profesora Margot Ramos, tuvo que trabajar hasta los 85 años –edad en la que murió– debido a que si se retiraba no podría conservar su seguro de salud y mucho menos mantenerse. Con la misma suerte corrió la profesora Ramona Rojas.
En el colegio Cristo Rey también fallecieron en su puesto los profesores César Cataldo, Cristina Villamayor y Elvira Careaga. “Muchos maestros que se retiraron del colegio Cristo Rey por motivos de salud, antes de la promulgación de la Ley 4370 del 2011 perdieron su derecho a asistencia médica y quedaron en total desamparo. Es una gran injusticia”, apuntó la profesora Ana María Schiavone, que tiene 72 años de edad y más de 40 años en la docencia.
IPS no se sincera
Catalina Veiluva, representante del colegio San José ante la Unión de Profesores de Instituciones Privadas, denunció que las autoridades del IPS no se sinceran con relación a la cantidad de docentes en edad para jubilarse.
“La primera lista que se presentó, ni bien se promulgó la ley, daba cuenta que unos 1.500 docentes nacidos antes de 1975 debían recibir un subsidio para que los mismos puedan jubilarse. Para ello se hizo el cálculo y el monto que debía aportar el Estado era de G. 48.000 millones. En el 2012 incluso se presupuestó el monto, pero luego las autoridades de IPS salieron con que se debían jubilar 6.000 docentes y exigieron un monto de G. 400.000 millones, aduciendo que faltaba calcular la renta presunta”.
Veiluva subrayó que es falsa esa cantidad de docentes en edad para jubilarse y agregó que el IPS, a pesar de los reiterados pedidos, nunca presentó un informe con el análisis completo de la situación de cada docente y de las cifras que debía aportar el Estado para completar el aporte faltante al momento de jubilarse cada uno.
“Lo que más duele es el manoseo del que somos víctimas por parte de representantes del IPS, por ciertas actitudes indolentes y desafiantes de algunos funcionarios que con descaro nos dicen que nunca van a jubilarnos”, finalizó.
fuente. abc color
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