La Cámara de Diputados prevé dar estudio al proyecto de ley “Que establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público (Reforma de la Caja Fiscal)”, el próximo jueves, 5 de febrero, durante una sesión extraordinaria, a partir de las 10:00 horas.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó esta convocatoria durante su reunión de esta semana.
Como antesala, por iniciativa del titular de la institución, Raúl Latorre (ANR-Capital), se llevó a cabo en la jornada de hoy, una audiencia pública para el debate de la mencionada normativa, con gran concurrencia de sectores involucrados en el proceso de discusión y un amplio debate.
El objetivo fue generar un espacio de participación y diálogo en torno a una temática de alto impacto social y económico.
Representantes de los principales gremios y federaciones hicieron uso de palabra como parte de una extensa lista de oradores, durante varias horas.
Blas Méndez, de la Coordinadora de Fuerzas Públicas, destacó el estudio de un documento, durante varios meses, con referencia al sistema de jubilaciones y pensiones del sector público.
Recordó que en esferas de varias comisiones de la Cámara de Diputados estudiaron avances en el análisis de las reformas necesarias para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre otros temas vinculados a la sostenibilidad del sistema previsional.
Mencionó que fueron presentadas algunas propuestas de modificación y que se acordaron varios puntos.
Dijo no estar de acuerdo con la edad mínima planteada y solicitó que esto sea suprimido.
Sin embargo, expresó que están de acuerdo con los cinco años más de servicio y el incremento al 19 %.
José Achucarro, a su turno, recordó haber presentado ante la Comisión Permanente una propuesta de modificación.
Solicitó tener en cuenta la propuesta de aplicar “una tasa razonable” al usufructo y explotación de tierras por parte de productores sojeros, arroceros y otros rubros agrícolas intensivos.
El objetivo, según afirmó, es fortalecer los ingresos destinados a sostener la Caja Fiscal, actualmente en situación deficitaria.
Corina Falcón, representante de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), puso énfasis en que la Constitución garantiza la jubilación digna.
Mencionó que existe una clara diferencia con la caja de jubilaciones de países como Argentina, Uruguay y Brasil, que aportan el 20 %; y Bolivia, que aporta el 10 %.
Resaltó que, aunque hayan atravesado una crisis y se haya realizado reformas, al igual que Paraguay, cumplen como Estado.
“La edad para nosotros, los educadores, es demasiado elevada. Deberían sacar la palabra “extraordinario”, sin contemplar la edad, y dejar que el docente, quizás a los 55 años, se pueda dar el lujo de la jubilación, aportando los 30 años”, sostuvo.
María del Carmen Carrizo, docente de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), pidió que sea instalada una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
“Somos sectores afectados de forma directa”, sentenció.
Planteó que el Estado aporte un 14 % a la Caja Fiscal y señaló no estar de acuerdo con la edad de 62 años.
Solicitó suprimir la edad mínima; agregar una jubilación extraordinaria; y mantener el aporte del 16 %.
Hizo uso de palabra la Dra. Rossana González, en representación del Sindicato Nacional de Médicos. Dijo que, aunque el sector salud no está incluido en el proyecto, la preocupación es grande.
Advirtió que el sistema de salud cuenta actualmente con unos 30 mil profesionales contratados, muchos de ellos con entre ocho y 13 años de antigüedad, que aún no fueron incorporados plenamente al régimen previsional.
Planteó que a partir del presente año comiencen a realizar aportes, como una medida concreta para fortalecer y oxigenar la Caja Fiscal, avanzando hacia un sistema previsional más equitativo, sostenible y justo.
El economista Manuel Ferreira, por su parte, señaló que la situación de la Caja Fiscal es compleja y delicada, con impacto en amplios sectores de la población.
Manifestó que más allá de los derechos colectivos de los trabajadores del sector público, también es necesario defender las finanzas públicas, ya que detrás se encuentra el derecho de todos los paraguayos, incluidos aquellos que no pertenecen al sector público.
Esgrimió que el principal problema radica en el desequilibrio de la Caja, que ha representado un costo aproximado de dos mil millones de dólares para el Estado paraguayo, advirtiendo que la propuesta actual podría continuar generando elevados costos.
Expresó preocupación por la jubilación de trabajadores jóvenes, como los docentes, y subrayó la necesidad de alcanzar un equilibrio mediante parámetros claros, tales como el tiempo de aporte, la edad jubilatoria y la inclusión del aporte patronal.
Info. Camara de Diputados
