Tras un amplio debate, la Cámara Baja se ratificó en su versión de la Ley del FONACIDE, permitiendo, así, que los municipios y gobernaciones administren de forma directa el porcentaje de recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo que les corresponde por Ley.
Pese a algunas posturas en contra prosperó el texto de la HCD, bajo el argumento de varios legisladores de que el mismo fomenta la descentralización de recursos y endurece los castigos para funcionarios que incurran en la malversación de estos fondos.
El primer orador, en este punto, fue el diputado Mario Cáceres (ANR-Itapúa), titular de la Comisión de Presupuesto, quien explicó que la pretensión del Senado era dejar en manos del Ministerio de Educación la distribución de los recursos provenientes del FONACIDE.
Asimismo, el congresista cuestionó que las exigencias de control se fijen puntualmente en las intendencias y gobernaciones, atendiendo que existen otras entidades beneficiadas con este dinero; y animó a que los controles se hagan por igual con todos los favorecidos.
“Creo que estamos apuntando con el dedo sólo a gobernaciones y municipalidades, pero quiero traer a colación que estos fondos también van para el Fondo de Excelencia en Educación y otras instituciones”, enfatizó.
Por su parte, el diputado Tomás Rivas (ANR-Paraguarí), en representación de la bancada A de la ANR, salió al paso de las publicaciones en medios escritos y argumentó que este proyecto no pretende apañar la corrupción de algunos malos administradores, sino seguir apoyando la descentralización contemplada en la Constitución Nacional.
“Con todas las exigencias que se contemplan se transparenta mucho más la utilización de estos recursos”, indicó.
El diputado Bernardo Villalba (ANR-Concepción), en representación de la Bancada B de la ANR, sostuvo que la descentralización es el camino para el desarrollo y el progreso de la República del Paraguay. Recordó que los ciudadanos del interior del país deben gozar de los mismos beneficios que quienes residen en la Capital.
“Hay que entender que quienes nacimos en el interior también somos beneficiarios de esta Constitución; no es posible que millones de dólares se gasten en un viaducto pero haya municipios que no tienen ni un centímetro cuadrado de asfalto. Esas personas también forman parte del Estado”, puntualizó.
Asimismo, el parlamentario Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), aseguró que afirmar que luego de tres años de implementación de la Ley de Fonacide, el sistema fracasó, no es lo más acertado.
Indicó que la politización del sistema educativo es la causa del fracaso en esta área y que, si bien la propuesta de Diputados endurece los controles mediante su articulado, “el problema seguirá existiendo mientras las instituciones de control no funcionen”.
En nombre de la bancada A del Partido Liberal, se manifestó el congresista Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá), quien señaló que el bloque ratifica el compromiso con los intendentes, gobernadores y con la descentralización, a favor de la educación nacional.
En el mismo sentido se manifestó el diputado Víctor Ríos (PLRA-Ñeembucú), por la Bancada B del PLRA, y aseguró que “nunca hubo políticas de equidad para todo el país debido a la centralización de recursos. Con la distribución de los fondos tal como lo estipula la versión Diputados, se está cumpliendo con el artículo número 75 de la Constitución Nacional”.
La legisladora Rocío Casco (AP-Central), vocera de su bancada, aclaró que a pesar de no estar satisfechos con las modificaciones realizadas al proyecto a lo largo de su estudio, apoyan la versión Cámara Baja.
De igual manera, los diputados Ricardo González (PEN-Central), y Ramón Duarte (FG-Itapúa), sentaron postura a favor del documento modificado por Diputados.
Ramón Duarte sostuvo que se debe apostar por la descentralización y que “para verificar los actos ilícitos están los órganos de control”.
Finalmente, la diputada Olga Ferreira (Independiente-Capital), argumentó que si bien se deben lograr mayores controles, “estos fondos le corresponden a las gobernaciones y municipalidades”.
El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
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