Las fiscalas Teresa Sosa y Lorena Ledesma fueron recusadas el viernes al mediodía, luego de realizar dos diligencias que permiten sospechar de la confabulación de auxiliares de justicia y de abogados demandantes, para concretar los descuentos de haberes que sufren maestros de todo el país.
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, había resuelto la acumulación de las carpetas fiscales iniciadas tras las denuncias formuladas por maestros que aseguran haber sido estafados por varias empresas comerciales de plaza, que aplicaron descuentos en concepto de créditos y la compra de productos que en realidad no se concretaron.
Díaz Verón designó a Ledesma y Sosa para que lleven adelante las investigaciones. En todas están implicadas las firmas Marithe SA, Trial SA y Muñequita SA, pero solo esta última está registrada en la Subsecretaría de Tributación.
Según trascendió, las fiscalas Ledesma y Sosa hicieron el viernes dos constituciones en la mañana, y al mediodía ya fueron recusadas por el abogado Rolando Salinas. Las mismas agentes fueron recusadas en otro caso idéntico, ni bien pidieron la remisión del cuaderno de investigación.
Justamente ese profesional (Salinas) aparece junto con Mercedes Martínez y Sebastián Olmedo Lanzac en todos los juicios de acción preparatoria para cobro de guaraníes, que se tramitan en el Juzgado de Paz de la Encarnación, en el despacho de Felipe Acosta. En ese juzgado se presentaron la mayoría de las demandas, lo que resulta sospechoso.
Siempre de acuerdo a fuentes, las investigadoras se percataron de que aparecen los mismos abogados en todos los juicios, quienes presentan los pagarés firmados por los docentes. A su vez, las agentes pidieron al juez Acosta los originales de los pagarés, debido a que los docentes denuncian tres modus operandi: pagarés adulterados, pagarés llenados con montos en contravención al contrato comercial, y pagarés en blanco que fueron llenados por montos millonarios.
Cédulas “voladoras”
Otra cuestión que trascendió es que las fiscalas se percataron de que los docentes fueron objetos de los descuentos porque nunca tuvieron participación en las demandas. Esto es así porque figura como domicilio de los maestros el local de la Dirección de Sueldos del Ministerio de Educación, ubicado en Montevideo 571, en Asunción.
Tanto la ujier notificadora Elena Cibils como la oficial de justicia Ana Ledesma hicieron informes que denotan la confabulación con los demandantes. La primera dijo que llevaba cédulas y dejaba “debajo de la puerta”, pese a ser una institución pública, tener una recepción y persona encargada, por lo que se tratarían de las famosas “cédulas voladoras”, y la oficial Ledesma llegó a consignar que entregaba los escritos en “propias manos”, pese a que los docentes no se encontraban en el lugar.
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