Desde febrero, mes en que miles de docentes presentaron las denuncias de estafa contra varias casas comerciales, y se iniciaron las investigaciones que arrojaron sinnúmero de evidencias del delito, en la Justicia los procesos se paralizaron.
Miguel Marecos, titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), que acompañó las denuncias, indicó que los procesados por estafa utilizan chicanas jurídicas para dilatar el proceso.
“Creen que nos van a ganar por cansancio, pero nosotros no vamos a desistir, y es una pena que algunos jueces se presten a este juego”. Marecos agregó que cuatro meses atrás denunciaron al juez penal de garantías Julián López, quien dio lugar a un incidente de prejudicialidad, (para determinar si el caso se debe dirimir en lo penal o lo civil) interpuesto por la defensa de los acusados de estafa.
“Solicitamos que se investigue a este juez porque tenemos información de que fue el compañero de estudios y de farra del padre de Rolando Salinas, uno de los abogados imputados por estafar a los docentes. Con razón que el tipo se animó a llevar adelante las chicanerías jurídicas”, dijo.
El incidente de prejudicialidad ya fue apelado, y se dio lugar a la apelación. Esta semana se realizarían las audiencias preliminares. Pese a eso Marecos apuntó que se perdió mucho tiempo y que a muchos docentes se les sigue descontando su salario ilegalmente.
“Varios ya pagaron la totalidad de las deudas inventadas por los estafadores y ni siquiera pueden hacer el finiquito porque los abogados están procesados. Hasta en eso se burlan de nosotros, se ríen”, criticó.
La farsa del BNF
Por otra parte, Marecos indicó que van a organizarse para pedir la renuncia del presidente del Banco Nacional de Fomento, Carlos Alberto Pereira, por haber engañado a los docentes con un supuesto salvataje financiero que nunca ocurrió.
“En el BNF les dicen a los docentes que no califican para la refinanciación por sus bajos ingresos y justamente el presidente se había comprometido a flexibilizar los requisitos para aquellos docentes que no cobran nada como consecuencia de los descuentos compulsivos. Todo fue una gran mentira”.
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