Financiamiento de la Investigación Científica
En nuestro país la investigación científica es ínfima y esto tiene directa relación con los recursos que se destinan para la misma, el estado debería destinar mucho más para capacitar a los investigadores y la realización de las propias investigaciones, ahora bien ¿Debería costearlo todo solo?
Muy poco e indiscriminado
La normativa en nuestro país destina como mínimo para la educación un 20% del presupuesto general de gastos de la nación, dejando de lado que en la práctica esto solo llega a un 10% es importante destacar que no se encuentra discriminado en la normativa cuanto se debe destinar a la investigación científica ni tan siquiera cuanto se debe destinar a la educación superior en su conjunto.
Por ello, al final lo que se destina a la investigación resulta muy poco e insuficiente pues no satisface las necesidades del país y en comparación con lo que destinan los demás países vecinos resulta hasta vergonzoso.
El Estado y quien más?
El art. 79 de la Constitución Nacional establece que una de las tres finalidades de las Universidades es la investigación científica, por lo cual si bien es el Estado mediante las universidades públicas quien debe llevar la mayor parte del peso económico de la investigación, también las universidades privadas deben realizar sus aportes en el tema mediante investigaciones realizadas en persecución del cumplimiento de su finalidad constitucional.
Establecer porcentajes
El problema se da desde la normativa que regula el presupuesto de educación, la misma debería tener discriminado cuanto debe ser asignado a la investigación científica y tecnológica a fin de asegurar que la misma se lleve adelante, asimismo tanto en los presupuestos de la universidades de gestión públicas como en las de gestión privada debería existir un mínimo obligatorio que se destine a la investigación científica.
Instancia de control
Es importante también destacar la necesidad de una instancia multisectorial que se encargue del control del cumplimiento de la disposición constitucional y de formular políticas educativas con respecto a la investigación a fin de optimizar el rendimiento de la misma para nuestro país.
