El Estado debe asumir la educación como un derecho humano fundamental y
como un bien público para que esta llegue a todas las personas del país,
explicó Diana Serafini, exviceministra de Educación.
“Es algo muy básico lo que voy a decir, pero yo creo que el karakú (lo
central, en guaraní) de poder garantizar el derecho a la educación es
entender la educación como un derecho humano fundamental y como un bien
público”, aseguró Serafini, en el marco de la Semana de Acción Mundial
por la Educación, que se inició en Paraguay el 26 de abril.
Uno de
los principales desafíos para el Estado es entender y asumir su rol
como “garante de derechos”.
“Lastimosamente, no todas las
administraciones entienden eso”, explicó la experta.
La educación
“no es un bien privado, un botín de guerra, o algo que se puede utilizar
para conseguir los votos”, insistió. “Mientras eso no se entienda, no
se va a poder garantizar cabalmente los derechos porque justamente la
equidad no va a ser un enfoque prioritario”, aseguró.
Entender la
educación como un derecho humano fundamental implica un cambio en la
cultura política. Las autoridades competentes deben dejar de tomar
decisiones autoritarias y adoptar medidas democráticas, explicó la
experta. El Estado debe “realizar los esfuerzos necesarios para que la
educación sea una realidad para los sectores más desfavorecidos”,
sostuvo.
Entre estos esfuerzos se incluye un aumento de la
inversión en educación, que debe ser mucho mayor, progresivo y
sostenido, explicó Serafini. El aumento de inversión debe ser acorde a
un plan serio y coherente, que contemple necesidades y prioridades de la
política educativa. Un eventual aumento presupuestario no debe depender
de prioridades partidarias “que llevan a apoyar fondos para una escuela
y no otra, sin criterios técnicos”, aseguró.
“
Mientras no se
encare de manera seria el aspecto presupuestario, en su planificación,
en su diseño, en su asignación y luego, por supuesto, en el control de
los recursos, va a ser muy difícil garantizar el derecho a la
educación”, explicó.
Por otro lado, se deben diseñar e implementar
propuestas de enseñanza adaptadas a la necesidad de la población local,
acotó Serafini. El currículum impartido en una escuela debe responder a
la realidad de los distintos sectores de la sociedad. “No es el mismo
planteamiento el que se necesita para la educación rural que para las
poblaciones indígenas, por ejemplo”, aseguró.
Otro aspecto fundamental es la estructura del Ministerio de Educación y Culto, que actualmente tiene 129 direcciones
en su estructura organizacional y cuenta con 12.000 funcionarios
administrativos. Muchas de estas dependencias tienen funciones
superpuestas. Esto genera “desorden en la actuación y mala utilización
de recursos”, sostuvo Serafini.
Por último, la experta destaca la
necesidad de insistir en una capacitación holística (en conjunto y no
por partes) de los docentes. Los entrenamientos no solo deben enfocarse
en las competencias relacionadas al área educacional, sino también deben
incluir instrucción en derechos humanos, igualdad de género, de equidad
y educación inclusiva.
“La capacitación y la formación
constituyen una gran deuda del Estado que seguimos arrastrando”, acotó
Serafini, explicando que en el 2012 lo invertido para capacitación por
docente fue de G. 55.000.
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