Por Mayra Rivarola
Las nuevas exigencias del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en cuanto a las licencias sindicales responden directamente a la postura del presidente Horacio Cartes, quien, durante uno de sus tantos episodios de sincericidio en su campaña política, declaró en pocas palabras que los sindicatos estorbaban.
Las nuevas medidas del MEC fueron claramente diseñadas para remover este estorbo, amedrentar y desalentar la actividad sindical, contraria a los compromisos asumidos tanto en la Carta Magna como a través de numerosos tratados internacionales ratificados por este país.
“Estamos subsidiando el sindicalismo”, lamentó Humberto Ayala, director de Gremios del MEC, en claro desconocimiento de que el Estado paraguayo, como supuesto o intento de estado de derecho, ha asumido la responsabilidad de no solo permitir sino fomentar el sindicalismo como mecanismo para proteger a los trabajadores y mejorar las condiciones laborales. Recordemos el rol del estado de derecho de garantizar y fomentar el cumplimiento de los derechos humanos. Sí, esto incluye, entre miles de otras cuestiones, el “subsidio” al sindicalismo.
El actual régimen establece que los dirigentes deben acudir a sus puestos de trabajo si quieren mantener sus salarios, eliminando el permiso que los mismos tenían de ausentarse de sus labores para dedicarse a la actividad sindical. Además, propone que por cada periodo que un sindicalista se ausenta para realizar actividades específicas del sindicato, el mismo debe hacerse cargo de destinar esa parte de su salario a su reemplazante.
Si bien este no es un descuento directo que realiza la institución, finalmente el salario neto del dirigente se verá reducido. ¿Qué clase de permiso es uno que finalmente significará la reducción del salario? Sin mencionar los cortes pedagógicos que significa el constante cambio de maestros de aula.
Conocemos perfectamente las falencias del sector gremial docente. Muchos abusan de las licencias sindicales y dedican su tiempo a la politiquería, olvidando los verdaderos reclamos del sector. Utilizan sus beneficios adquiridos para el beneficio propio o actúan muchas veces “pateando contra su propio arco”.
Por otro lado, también sabemos que muchos (si no todos) de los beneficios laborales que han conseguido los docentes –y trabajadores de varios sectores, incluyendo a los periodistas de prensa escrita– se han conseguido a través del sindicalismo. Y sabemos que los docentes son la base de la educación, y si no tienen buenas condiciones laborales, no podremos nunca tener una educación gratuita y de buena calidad.
Es posible que el régimen de permiso de 365 días al año sea el incorrecto o no sea el más justo, pero ¿es esta la forma de subsanar las falencias? La única respuesta que se me viene a la mente es que no se busca mejorar el sistema, sino debilitarlo, y con esto sentar un peligroso precedente para que las otras instituciones puedan implementar la misma campaña de amedrentamiento.
Según la versión oficial, las medidas se implementaron para devolver los rubros de docentes al aula, donde existe una enorme escasez y todavía hay una gran cantidad de maestros que enseñan “ad honórem”. Mientras que previo a la resolución en cuestión eran alrededor de 500 rubros de docentes asignados a sindicalistas, en total son 17.000 los rubros en manos de funcionarios administrativos. Muchos de estos asignados también a asesores del Gabinete ministerial, como procedimiento para autoasignarse aumentos.
Si la ministra de Educación, Marta Lafuente, quiere ser consecuente con sus palabras de no destinar un centavo más de los docentes para trabajadores que no pisan aula, que demuestre sus esfuerzos para disminuir la discrecionalidad en el uso de estos rubros y los devuelva adonde pertenecen. De lo contrario, tendremos confirmada la verdadera intención detrás de esta resolución.
mayra.rivarola@abc.com.py
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